Hace un par de meses asistí a una asamblea de copropietarios donde se sometió a votación la contratación de un revisor fiscal para la unidad. Durante el debate, surgieron dos posturas opuestas. Por un lado, algunos argumentaron que, como la unidad era nueva y aún faltaban torres por entregar, no había tanto dinero para administrar y podíamos postergar la contratación del revisor fiscal para la siguiente asamblea. Otros, por el contrario, señalaron los riesgos de no tener un control adecuado sobre los recursos y mencionaron casos de malversación de fondos en otras comunidades.

La votación final reflejó una división en la opinión de los copropietarios, con un 68% en contra de la contratación del revisor fiscal y un 32% a favor. Independientemente del resultado, me llamó la atención la falta de un proceso estructurado durante la evaluación de esta decisión: no se preguntó cuál era la necesidad detrás de las dos posiciones, no se contemplaron otras alternativas, no se recogió información relevante sobre la decisión que se estaba analizando, ni se analizaron los diferentes escenarios para sopesar los beneficios y las consecuencias de cada uno. Quién habla más “duro” y quién tiene más amigos en la copropiedad suele influir más en estas decisiones que un análisis objetivo y bien fundamentado.

Tomar decisiones con calidad tiene varios requisitos, pero en esta oportunidad quiero resaltar la importancia del análisis de escenarios. En nuestro ejemplo, el escenario optimista sería no contratar al revisor fiscal y ahorrar el costo de los honorarios del revisor, estimados en 10 millones de pesos al año. El escenario pesimista es incierto pues podría implicar robos o sobrecostos significativos por falta de control. No obstante, es innegable que el daño potencial de no contratar un revisor fiscal supera con creces cualquier ahorro a corto plazo. Un cálculo rápido demostraba que el costo de contratar un revisor fiscal se traducía en un aumento promedio de menos de 5 mil pesos mensuales en el costo de la administración para cada propietario. El costo de no contar con este profesional podría ascender a docenas o cientos de millones de pesos anuales, pues un buen revisor fiscal no solo puede ofrecer recomendaciones para optimizar impuestos, reducir costos financieros y evitar inversiones innecesarias, sino que también puede prevenir robos y fugas de dinero mediante un adecuado control financiero.

En mi caso, voté a favor de contratar al revisor fiscal, pero se terminó imponiendo la mayoría. Es muy probable que no ocurra nada negativo y que aquellos que se oponían a la contratación se den palmadas en la espalda por su acertada decisión. Sin embargo, es fundamental recordar que debemos separar la decisión del resultado. Como bien dice Ron Howard, profesor de Stanford: “Una buena decisión nunca se convierte en una mala decisión, y una mala decisión nunca se convierte en una buena decisión”. En otras palabras, la calidad de una decisión no debe depender de su resultado, sino de la información y el proceso que se siguió al momento de tomarla. Mi conclusión es que la decisión que se tomó fue errada, sin importar cuál sea el resultado.

En resumen, en un mundo lleno de incertidumbre, es fundamental adoptar un enfoque estructurado para mejorar la calidad de nuestras decisiones. Esto significa reconocer que si bien no podemos asegurar el resultado esperado de las decisiones que tomamos, sí podemos mejorar el proceso con el que lo hacemos, y esto significa abordar la incertidumbre evaluando el escenario optimista y pesimista y analizar los riesgos asociados para tomar una mejor decisión. Cada decisión es una oportunidad para aprender y crecer. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una encrucijada, recuerda estos consejos y enfócate en el proceso, no el resultado. Con la práctica la calidad de tus decisiones mejorará, aumentando la probabilidad de lograr el objetivo deseado.

Foto de Christina Morillo